miércoles, 28 de septiembre de 2011

El Popular paga intereses de usura para capitalizarse

Gonzalo Garteiz
La dirección del Banco Popular, que se jacta siempre que tiene ocasión, de mantener al banco en los puestos de cabeza de solvencia y liquidez, debería explicar a los accionistas las razones que le han llevado a emitir el próximo 14 de octubre unas obligaciones por valor de 150 millones de euros, con posibilidad de ampliar la colocación hasta 250 millones de euros, a un tipo de interés escalofriante, del 8,25%. Este coste no lo había pagado ningún banco hasta ahora y ofrece una idea del precio al que tienen que cobrar los bancos el crédito a la clientela para poder pagar ellos el 8,25% a los prestamistas para aumentar su capitalización, ya que esta deuda subordinada se contabiliza como recursos propios.

La emisión, a 10 años, que ha sido calificada por Fitch con un rating de BBB+. equivalente al de la recién estrenada en Bolsa, Banca Cívica, puede ser rescatada por el banco que preside Ángel Ron, a los cinco años si cuenta con el apoyo del Banco de España, e incluso a partir del primer año si se produjeran cambios legales en la fiscalidad o en la computabilidad vigente como recursos propios.


El Popular no ha explicado las razones por las que considerándose el banco más eficiente de España, con ocho puntos de ventaja sobre la media, uno de los más sólidos con un 9,9% de capital, por encima del Sabadell, Bankinter y Banesto, y sufrir una mora también inferior a la media bancaria, del 5,58%, con una tasa de cobertura del 89%, tiene que caer en la creciente usura de los mercados, pagando tipos de interés del 8,25%.
El banco de Ron ha sido el único que este año ha apelado dos veces al mercado, pagando ya en julio el 8%. Banca Cívica subió el interés en febrero hasta el 8,65% pero con una emisión de participaciones preferentes, que corresponden a deuda perpetua, siempre más cara.


Para hacerse una idea del precio que el Popular está dispuesto a pagar, diremos que en el mercado en el que cotizarán los títulos, AIAF, no se encuentra actualmente ningún instrumento financiero de renta fija (sin convertibilidad) que rinda más, excepción hecha de unas cédulas multicedentes, emitidas por AYT (Ahorro y Corporación) con respaldo de cédulas hipotecarias de la caja del Penedés, que cotizan con un descuento del 40% sobre el precio, lo que lleva la rentabilidad hasta el 8,4%.
El informe independiente exigido para la emisión señala que los diferenciales sobre Euribor a tres meses de las obligaciones subordinadas han pasado de 120 puntos básicos (1,2%) a 480 en menos de dos años, lo que da idea de la desconfianza reinante en los prestamistas. La del Popular sale a 552 puntos básicos, claramente más cara que las del mercado con ratings similares, con datos tomados hace un mes. ¿Por qué entonces estas prisas en el Popular?.


El banco cotiza ahora en Bolsa a un precio de 3,45 euros, equivalente al de su cotización en el año 1996, hace 15 ejercicios, y hace dos días anunció un que pagará 5 céntimos en el primer dividendo a cuenta del beneficio de este ejercicio. En los últimos 12 meses, el dividendo total alcanza los 15 céntimos, lo que supone una rentabilidad del 4,5%.

domingo, 25 de septiembre de 2011

Florentino multiplica por 50 el valor de un terreno del Madrid en Las Tablas en un trueque con Gallardón

Gonzalo Garteiz

La asamblea de socios compromisarios del Real Madrid ha aprobado "a la búlgara" la propuesta de remodelación del Santiago Bernabéu presentada por Florentino Pérez y su junta directiva. No podía ser de otra forma, ya que el pelotazo a cuenta del contribuyente es inconmensurable.
La gran coartada del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, y de Florentino Pérez, para consumar un trueque de suelos que permitan al Real Madrid remodelar su estadio al gusto de Pérez con la autorización de construir en el retranqueo de la fachada de la Castellana, es un terreno en Las Tablas, barrio donde tiene la sede Telefónica, y que el ayuntamiento "no podía traspasar al club" a pesar de haber formalizado un contrato de permuta en 1.999, según lo expuesto por ambas partes.


Se dice que el club ha estado pagando el IBI de esta parcela desde el año 2002 por importe de 92.037 euros, aún no siendo de su propiedad, pero lo que no se cuenta es que esa parcela está incluida en el balance del Real Madrid como inversión inmobiliaria. "En la cuenta Terrenos (y por valor de 488.000 euros) se incluye un suelo en Las Tablas, propiedad del club, obtenido en una operación de permuta de terrenos realizada en ejercicios anteriores con el Excelentísimo Ayuntamiento de Madrid", dice la nota del balance oficial de las cuentas del pasado ejercicio.
Se alega ahora que esa parcela, de la que el Real Madrid paga el IBI y que mantiene en balance sin aparentemente ser el propietario "de facto", no puede ser entregada por el Ayuntamiento que encabeza Gallardón por "una imposibilidad jurídica", que ningún ciudadano puede entender, pero que ha servido para que el 29 de julio de este año, en pleno estío vacacional, se firmase un "convenio de regularización de compromisos" entre la ciudad de Madrid y el real club de fútbol de la capital presidido por el galáctico Pérez.


Choca sobremanera que un activo que el Real Madrid "tiene aunque no tiene", y que figuraba en balance con un valor de 488.000 euros se convierta en moneda de cambio con un contravalor de 22,693 millones de euros, que es el precio asignado a otras tres parcelas que el ayuntamiento transmite al Real Madrid, lo que supone una revalorización del 5000%, en un momento en que el precio de los suelos se ha desplomado. Una de las parcelas resulta clave para que el club lleve a cabo la remodelación aprobada ayer por los socios, pues corresponde al perímetro del Santiago Bernabéu, y otra, la de Valdebebas, ha sido calificada de "gran valor estratégico" para el club por estar próxima a su nueva ciudad deportiva. La tercera, aparentemente con inquilinos, está previsto devolvérsela al propio ayuntamiento como contrapartida a la nueva techumbre prevista para el estadio.
Una vez más nos encontramos ante unos hechos lamentables. El Real Madrid sigue sacando tajada de la teta pública (en línea con otros clubes), ya que el tesoro recién conseguido procede del famoso pelotazo, de las cuatro torres que se construyeron en la antigua ciudad deportiva del club en una recalificación vergonzosa ocurrida hace 13 años, de la que el club obtuvo plusvalías superiores a los 200 millones de euros.


El Real Madrid ha conseguido además que se apruebe su proyecto de megaestadio, con cobertura de todas las localidades, construcción de equipamientos todavía a definir, se habla de un hotel y espacios comerciales, en la fachada de Castellana, rompiendo los lindes del Paseo y un parking, entre otros, a cambio de cederle a Gallardón el emplazamiento comercial actual de la esquina del Bernabéu, no para que lo explote, con lo cual se ganaría un dinero para las arcas, sino para su demolición y construcción de una plaza.
El Ayuntamiento de Madrid se convierte una vez más en cooperador necesario de la megalomanía de un presidente de un club de fútbol. Está por ver cuál es la compensacidón que recibirán los otros clubes de la capital, el Atlético de Madrid y el Rayo Vallecano, para que no protesten demasiado.
Florentino Pérez tiene también algunas contradicciones  en sus cuentas del ejercicio pasado. Una de ellas es que los jugadores figuran a menor precio en el activo y sin embargo aumentan sus gastos de personal. Resulta incongruente que valgan menos y cobren más. Pérez también ha decidido modificar los vencimientos de deuda, de tal suerte que la directiva del siguiente mandato deberá hacer frente a una mayor deuda bancaria. También se apunta el tanto de rebajar en 20 millones aquella, cuando por calendario debería bajarla más, pero además aumenta en casi igual cuantía la que tiene con los jugadores.


No obstante, y a pesar del punto débil del fondo de maniobra negativo de 141 millones de euros, hay que reconocer que el galáctico directivo está haciendo un gran trabajo patrimonial para el club, gracias sobre todo al  impresentable reparto de los derechos televisivos, que distorsiona la competición y sobre todo el libre mercado, por lo que las autoridades de Competencia deberían intervenir en este asunto. Para hacerse una idea del abuso, del que es cómplice el Barcelona, basta señalar que el Real Madrid ingresó el año pasado por derechos de retransmisión 156 millones, más de dos veces el presupuesto total, 61 millones, de un histórico como el Athletic de Bilbao.

jueves, 22 de septiembre de 2011

Los interventores de la CAM descubren un "agujero" de 126 millones en activos sacados del balance

Gonzalo Garteiz
El escándalo de la Caja de Ahorros del Mediterráneo alcanza cada día que pasa una mayor dimensión. Los interventores nombrados por el Banco de España han desvelado en el informe de cuentas del primer semestre que la entidad acumulaba unas pérdidas de 125,6 millones de euros en una cartera de préstamos titulizados, que había sido sacada del balance, alegando que la entidad no tenía riesgo alguno sobre aquella, habiendo trasladado a terceros el beneficio o pérdida con el que se saldasen los títulos a vencimiento. La CAM ha reconocido ahora que no se “contempló en el momento de dar de baja en el balance a ese activo, la existencia de determinadas operaciones con opciones (derivados) que afectaban a la transmisión de riesgos y beneficios”.



Este ocultamiento podría resultar clave para la depuración de responsabilidades de los antiguos administradores de la caja alicantina, que ha registrado unas pérdidas de 1.163 millones en el primer semestre de este año. Los interventores nombrados por el Banco de España también aseguran que los gestores destituidos se habían centrado en el primer semestre de este año en buscar inversores y otras operaciones que le permitieran recapitalizarse “en detrimento del control, seguimiento y gestión de las operaciones propias de su negocio”. Todo ello, aseguran, ha supuesto un empeoramiento gravísimo de sus ratios y márgenes, “pasando el ratio de solvencia del 9% al 19% en solamente seis meses”. La solvencia se queda en el 4,77% y la liquidez brilla por su ausencia, siendo necesarios para evitar la quiebra, 3.000 millones de liquidez aportada con una línea de crédito por el FROB y otros 2.800 millones para capitalizar la entidad.


El desfase de liquidez que presenta la caja de la Comunidad Valenciana es brutal, con unos vencimientos el próximo año de 6.000 millones en la financiación mayorista, lo que complica gravemente su subasta por parte del Estado.La CAM mantiene en autocartera títulos emitidos de deuda para financiarse por valor de casi 6.400 millones, básicamente títulos hipotecarios y obligaciones simples, cerca de la mitad de la deuda emitida en estos instrumentos, lo que da idea de sus problemas para conseguir financiarse.


A pesar de esta penosa situación, el riesgo en avales y créditos con los antiguos administradores, altos cargos y familiares de todos ellos, supera los 120 millones de euros. El agujero inmobiliario, causa fundamental de la quiebra de la caja, es descomunal, con 13.000 millones de riesgo con promotores (un tercio provisionado), de los cuales casi 5.000 no están garantizados en cuantía suficiente.
Fuentes del auditor de la caja, KPMG, que ha escrutado las cuentas de la entidad desde hace 20 años, han asegurado a La Celosía que no tienen duda alguna sobre la calidad "técnica" del trabajo realizado, por lo que solamente cabe deducir que los gestores hubieran ocultado datos o dado por buenas valoraciones irreales de sus activos, como explicación del rápido deterioro de la entidad, en quiebra virtual, más allá de la tormenta perfecta con la que se quiera justificar este despropósito.

martes, 20 de septiembre de 2011

La gran directiva estrella de Barcelona,Susana Monje,ficha a lobistas políticos para su grupo empresarial Essentium

Gonzalo Garteiz
Susana Monje, una de las personas de confianza de Sandro Rossell en la directiva del Barça, donde ocupa el cargo de tesorera, es la gestora estrella del momento en España, al frente de la presidencia del grupo Essentium, un conglomerado de empresas de infraestructuras, aguas, materiales de construcción y salud, muy internacionalizado. La compra hace más de un año de una constructora, Hispánica, envuelta en el escándalo de la trama Gurtel, le dio aún más fortaleza, y tras cambiarla el nombre por Assignia Infraestructuras para descontaminarla, ha demostrado saber qué hace falta en Madrid para triunfar, rodeándose de un equipo de confianza y especialmente de un consejo potente con buenas conexiones políticas.

Monje acaba de culminar esta tarea, con discreción pero aparentemente con gran eficacia y éxito. La tesorera del Barça, que tiene entre sus activos al club de fútbol de Toledo, ha fichado a un ramillete de galácticos del lobby para el negocio con sede madrileña. Los elegidos por ahora son el omnipresente Manuel Lamela, de excelente currículo, abogado del Estado, ex director de gabinete de Rato y consejero de Transportes y Sanidad con Esperanza Aguirre, donde protagonizó la infame campaña contra el doctor Montes. Lamela gestiona también la fundación Lafer y promociona Madrid como centro de turismo sanitario, además de ser socio del bufete Cremades.

Cubierta el ala del PP, con el audaz Lamela, Monje cuenta también con un expolítico del PSOE y de pedigrí, el cartagenero José Antonio Alonso Conesa, diputado en dos legislaturas, ex alcalde de la noble villa murciana, y que ha trabajado en la empresa privada, Gamesa, Dalkia y Obrum, entre otras.
Un tercer elegido, Carlos Velasco de Mingo, asesor corporativo y consultor en IAAG, aporta su experiencia en la consecución de ayudas y apoyo de instituciones multilaterales europeas e iberoamericanas. Essentium cuenta con importante presencia en Brasil, donde ha competido con un ilustre de la galería de los horrores de la burbuja inmobiliaria, Enrique Bañuelos, y en otros países del mundo hispano, así como en el Este de Europa.
La sorpresa más reciente de Monje es la contratación de Luis Vicente Moro, quien ha sido rehabilitado tras una condena del Supremo que le inhabilitó para ejercer cargos públicos durante cuatro años a raíz de las expulsiones ilegales de menores marroquíes cuando era delegado del Gobierno de Aznar en Ceuta en los años noventa.


Luis Vicente Moro es un hombre muy cercano al brazo derecho de Esperanza Aguirre, el incombustible Ignacio González, quien encargó a Moro un estudio para crear un servicio de inteligencia madrileño, según se supo a raíz del escándalo de espionaje a políticos en la comunidad que preside Aguirre.
Susana Monje encabeza un grupo que factura más de 500 millones de euros con presencia en el Norte de África, Rusia, Turquía y Brasil entre otras economías emergentes. Hija de Valentín Monje Tuñón, un gallego relojero que emigró a Suiza para recalar finalmente en Barcelona, donde hizo fortuna. Essentium tuvo la visión de vender poco antes de la crisis Graveras de los Ángeles a la multinacional francesa Lafarge por cerca de 300 millones de euros.

lunes, 19 de septiembre de 2011

La sobrina testaferro de Paesa se asocia con los March

Gonzalo Garteiz
Decían los clásicos latinos que el dinero sucio no huele (non olet), sentencia que pueden ratificar los banqueros, especialmente Emilio Botín, el honorable (sólo para el Banco de España) defraudador fiscal. Una nueva muestra del non olet la ofrece el dinero representado por Beatriz García Paesa, sobrina del celtibérico espía español, Francisco Paesa, el hombre que hizo el trabajo sucio a Alberto Belloch para encarcelar a Luis Roldán, el ex director general corrupto de la Benemérita, de infausto recuerdo para los socialistas de bien.
Beatriz, una mujer laboriosa e inteligente pero de moral laxa, sigue la senda de su tío, y a pesar de ser acusada de innumerables tropelías, entre otras ser testaferro del espía que en el año 1998 se inscribió en el reino de los muertos a través de una esquela falsa en El País, comienza a pisar el terreno de los más ricos. Habiéndose forjado una carrera en el lavadero de Luxemburgo, héte aquí que Beatriz ha conseguido ganarse un sitio en el imperio de la familia March, y más concretamente como socia en el negocio de su banca privada.
La dulce Beatriz, que fue quien transfirió 1.800 millones de pesetas procedentes de los cohechos de Roldán desde el Aresbank a un banco de Singapur, colaborando así en el blanqueo del botín del ex director de la Guardia Civil, parece que goza de la misma inmunidad que su tío, a quien ya la edad, más de 75 años, le incapacitará para el presidio pase lo que pase.
La sobrina y testaferro del agente que consiguió vender a Eta unos misíles hace 25 años en una operación que permitió la captura de la cúpula de la organización terrorista, se ha incorporado al consejo de una sociedad controlada por la familia March, Alcudia Cartera e Inversiones, que aunque no figura en la memoria de Banca March, está controlada por la campeona europea de la solvencia, siendo Hugo Aramburu su presidente. Éste, que sustituyó a Rafael Gascó como principal directivo de banca de patrimonios, gestiona un negocio de 6.000 millones de euros y se supone que unos cuantos le habrá aportado García Paesa para nombrarla consejera.
Alcudia ha jugado un importante papel en los negocios inmobiliarios diseñados para ricos como son la compra, obviamente todo a crédito que para eso son solventes, de oficinas de bancos con arrendamiento convenido de la entidad vendedora. Una filial de Alcudia participó en la adquisición al BBVA de casi 1.000 oficinas, asociada con fondos del Deutsche Bank, de donde procedía Rafael Gascó, quien iba a ser el hombre del banco andorrano de patrimonios Andbanc en su desembarco, por ahora fallido, en España. Su perfil de Linkedin le inscribe actualmente de nuevo en el banco alemán.
Madame Beatriz García, como la nombran en Luxemburgo, donde tiene domicilio, controla un entramado de sociedades desde Urban Holiding, y su gran apoyo en España es el experto fiscalista catalán, Gerard García Gasull, un ex Deloitte. La última "hazaña" que se conoce de Beatriz y su tío atañe a una estafa a unos poderosos oligarcas rusos para crear un banco en Bahrein. Un tribunal de Luxemburgo ordenó abrir una investigación a García Paesa por falsificación de documentos.

martes, 13 de septiembre de 2011

La Comunidad de Madrid utilizó trucos administrativos para no pagar servicios sanitarios a las grandes empresas

Gonzalo Garteiz

Los agujeros presupuestarios de las autonomías son de gran calado como se ha podido comprobar en las regiones que han cambiado de Gobierno tras las elecciones, pero se habla menos, por falta de información, de los que atañen al resto, y en especial a la Comunidad de Madrid, donde un gasto en propaganda sin parangón, 620 millones de euros desde que comenzó la crisis hace tres años, y una previsión de 111 millones para el actual ejercicio, cinco veces más que en Cataluña (cifras de El País, no desmentidas), consigue el efecto perseguido de apuntarse tantos que no le corresponden y deformar la realidad con medias verdades.
El Gobierno de Esperanza Aguirre ha utilizado trucos administrativos para eludir pagos de servicios a sabiendas de su incorrecto proceder. Las cuentas del ente empresarial público, Fábrica Nacional de Moneda y Timbre contabilizan una increíble provisión de una deuda de 1,056 millones de euros de la Comunidad presidida por Aguirre, al no haber pagado ésta los costes de la gestión de servicios sanitarios que llevó a cabo la FNMT por el convenio de empresa colaboradora en el año 2008.
Fuentes de la Comunidad madrileña aseguran que no hay tal deuda ya que los pagos se iban a realizar vía subvenciones, y estas no fueron finalmente concedidas "por silencio administrativo", y que a partir del año 2009 se eliminaron los convenios de colaboración, por lo que el gasto sanitario en el que incurren las grandes empresas corre ya de su cuenta.
El hecho cierto es que la Orden 722/2008 del 10 de octubre publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid por la Consejería de Sanidad, entonces bajo la dirección de Juan José Güemes, aseguraba que eran de utilidad estos convenios por los que las empresas ofrecen el cuidado sanitario en la enfermedad común y el accidente laboral, y que se habían presupuestado 13,413 millones para cubrir el gasto. Sin embargo, una vez establecidas las bases de las subvenciones, la Comunidad de Madrid no hizo propuesta de resolución alguna e incumplió los actos administrativos que la orden recogía, acogiéndose además a un silencio administrativo para dar por bueno que no concedería el dinero asignado. 
Fuentes de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre han asegurado a La Celosía que desde el Gobierno de Aguirre se les comunicó que iniciarían otra convocatoria para hacer efectivos los pagos con "cambios en el procedimiento administrativo". La FNMT también asegura, en contra de la versión oficial de la Consejería de Sanidad madrileña, que sí reclamaron la subvención.
El caso es un ejemplo más de la chapuza y malas prácticas que gobiernan la Aministración, incluidas las empresas públicas. ¿Por qué razón la FNMT contabiliza un ingreso que debe ser reconocido vía subvención, antes de conseguir ésta?. ¿Por qué el Gobierno de Aguirre trata de ganar unos millones en el presupuesto dando "un sablazo" a las grandes empresas que ofrecieron el servicio sanitario?.¿Por qué una vez descubierto el pastel no se cuenta la verdad?.

lunes, 12 de septiembre de 2011

¡Capitalización de bancos y empresas Ya!

Gonzalo Garteiz
Las crisis en el capitalismo son de insolvencia o no son, con la excepción de las generadas por un brutal cambio tecnológico o una guerra. Cuando ocurre que los prestamistas han medido mal el riesgo y no pueden cobrar a los deudores, la solución pasa por reconocer contablemente las pérdidas de la mejor forma posible y renegociar los pagos, pero siempre con una inyección de dinero nuevo, o sea una capitalización. Sobran las empresas que son incapaces de pagar lo que deben, osan dar dividendos y no apelan a sus accionistas para mejorar la situación financiera, con la complicidad de la banca, que es la primera en mantener las retribuciones a los accionistas o a la obra social, estando al borde de la quiebra. Es hora de coger el toro por los cuernos y actuar comme il faut. En las crisis de insolvencia, el pobre pierde su casa y el trabajador, su empleo, pero los ricos deben aflojar el bolsillo para coser el roto generado. El mejor impuesto que se puede poner a los pudientes es la exigencia del saneamiento patrimonial. Como apuntó recientemente la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Legarde, hay que exigir al sistema financiero más capital, y los bancos deben reclamar lo mismo a las empresas deudoras. Los tiempos de hacer la pelota gorda a base de endeudamiento han pasado. Que nadie se engañe, los porcentajes de dividendo que proyectan las cotizaciones bursátiles actuales son una quimera y además de rebajarse éste sustancialmente, en muchos casos se distribuirá exclusivamente en acciones. Hay que empezar a oír los yield warnings.

miércoles, 7 de septiembre de 2011

Los jueces desmontan la coartada del Banco de España para mantener a Botín y Sáenz en sus cargos

Gonzalo Garteiz

La Audiencia de Barcelona en su auto del 2 de septiembre sobre la suspensión de la ejecución de la pena impuesta por el Supremo al actual consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz, ha corregido los infantiles argumentos utilizados hasta ahora por el Gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, para mantener en sus cargos, tanto a Sáenz como al presidente, Emilio Botín, a pesar de que claramente incumplen los requisitos de honorabilidad que marca la ley, en cuya confección intervino activamente el propio Banco de España.
Dicen los ilustrísimos jueces de la Audiencia catalana, Fernando Vallé Esqués, José Grau Gassó y Josep Niubò y Claveria, que corresponde a las autoridades bancarias pertinentes considerar “si el requisito de honorabilidad, tras la condena del Supremo, desaparece de forma automática,  puede subsistir o incluso puede dejarse pendiente de valoración mientras no se resuelve una medida de gracia solicitada y el cumplimiento de la condena se ha dejado en suspenso” y afirman categóricamente, como si quisieran que sirviera de aviso definitivo, que “aquí estamos en la jurisidicción penal y no se nos pueden trasladar dichas cuestiones ya que las mismas quedan extramuros del derecho penal”.
En definitiva, le dicen a Ordóñez que sea él quien cumpla con lo que dicen las normas, y que la honorabilidad es algo que tiene que valorar el Banco de España y no los jueces. Éstos, podrán entrar en materia cuando alguien a quien se prohíba ejercer de banquero por ser considerado “insuficientemente honorable” interponga un recurso judicial por considerar que se han vulnerado sus derechos.
La coartada utilizada torticeramente por Ordóñez de que “hay que esperar a que terminen los procesos judiciales” no sirve. Es hora de mojarse señor Gobernador. Si usted considera que un señor que ha confesado haber mantenido oculta al fisco en Suiza una fortuna descomunal durante todos los años que ha ejercido de banquero es honorable para el cargo, dígalo y justifíquelo, y si no es capaz de hacerlo, reclame al defraudador que deje de ser banquero. En estos momentos de alarmantes insuficiencias fiscales, las autoridades del Estado deben ser especialmente sensibles en la toma de medidas ejemplares. Respecto a Alfredo Sáenz, fue un insulto a la inteligencia defender su posición en el cargo tras la condena del Tribunal Supremo. La Celosía preguntó en su momento si el consejo del Banco de España había deliberado sobre este asunto y la respuesta fue que “los asuntos a deliberar son secretos”.
El secretismo a ultranza invade todas las actuaciones del antiguo banco emisor, algo inadmisible en los tiempos que corren, cuando solamente mantiene las atribuciones supervisoras. Las comparecencias de los directivos del Banco de España en el Congreso se asemejan a las que corresponden a los servicios de inteligencia, con un secretismo absolutamente injustificado en la mayoría de los casos. Parece que ha llegado la hora de actuar con transparencia y convocar al consejo en pleno para tomar una decisión.
Tampoco los diputados han reclamado la comparecencia de Ordóñez para que explicase en los últimos meses el incomprensible apoyo a Botín y Sáenz, otro ejemplo de la falta de control democrático a las instituciones y el poder económico.

El auditor de una inmobiliaria involucrada en la estafa de Fortia no puede valorar el condominio de Cap Cana

Gonzalo Garteiz

La estafa de la mutua catalana Fortia Vida, intervenida en 2009 por la Generalitat y todavía en concurso, tiene una pieza clave en su entramado, la inmobiliaria Plárrega. Los administradores concursales de la aseguradora han reclamado 22 millones de euros a esta promotora, que fue adquirida en 2008 por el grupo inmobiliario TPC, de David Marjaliza y José Luis Capita. Este grupo, activo en Pinto y Valdemoro ha sido acusado de corrupción por favores a Francisco Granados, quien fuera número tres de Esperanza Aguirre hasta este año.
Plárrega Invest era propiedad en un 74% de Fortia Vida y un 22% lo controlaba la Caja Hipotecaria Catalana Mutual, antes de ser vendida al grupo de Marjaliza con “la condición de que su único activo en el momento de la compra fuera su participación en la empresa Corporación Hotelera del Mar”. Esta compañía, controlada por el empresario tinerfeño de industrias cárnicas Egatesa, Juan Pelayo, ha promovido un lujoso condominio, Marina Fishing, en Cap Cana, que será inaugurado el próximo uno de octubre.
El auditor de Plárrega denunció en su informe de auditoría de las cuentas de 2010 que no había podido acceder a las cuentas de la compañía de Pelayo y ahora en un nuevo informe fechado el 1 de septiembre asegura que “no ha obtenido confirmación del auditor de Corporación Hotelera de su independencia respecto al trabajo en las cuentas anuales del ejercicio pasado, por lo que mantiene la salvedad”.
A esta salvedad se añade la incertidumbre que pesa sobre Plárrega por la deuda de 22 millones que le reclaman los administradores de Fortia, y que fue sacada del balance de la compañía antes de venderse a TPC, grupo que también participaba en el capital de Dico Harinsa Obrum, la promotora constructora también en concurso, y que era financiada por la Caja Castilla La Mancha, antes de ser intervenida.
Fortia nació de la fusión de las antiguas mutuas de Eurobank. Su quiebra, que ha estado acompañada de desvío de pólizas a una aseguradora belga, Apra Leven, intervenida así mismo por las autoridades de Bruselas, y créditos a inmobiliarias de personas vinculadas con los gestores, ha dejado en una situación muy delicada a más de 3.000 asegurados, muchos de ellos beneficiarios de pólizas que cubrían su prejubilación, como es el caso de muchos ex trabajadores de Sniace.
Fortia está también gravemente salpicada en el fraude de los fraude de los ERE de empresas tuteladas por la Junta de Andalucía, nacido a raíz de descubrirse que en la regulación de empleo del mercado de abastos sevillano se había incluido a personal de fuera de la plantilla. Los principales responsables de la mutua están imputados por la quiebra. Tanto Eduardo Pascual como la presidenta María Vaqué Molas son acusados de invertir los fondos de los mutualistas en empresas privadas que controlaban, lucrándose indebidamente.

lunes, 5 de septiembre de 2011

Suiza ofrece a España dinero para mantener el secreto bancario de los clientes que han evadido impuestos

Gonzalo Garteiz
Suiza está ganando la batalla a los países de la OCDE, al menos a los integrantes de la Unión Europea, en lo que atañe al mantenimiento del secreto fiscal por parte de sus bancos, eje de la política financiera de los helvéticos desde siempre. Cuando estalló la crisis financiera y a raíz de los escándalos de evasión fiscal descubiertos en Europa y Estados Unidos, la bucólica Suiza, que siempre lava más blanco, tuvo que transigir con una serie de reclamaciones de transparencia fiscal para evitar su inclusión en la lista negra de paraísos fiscales. Sin embargo, dos acuerdos firmados con Alemania y Reino Unido, han dejado en papel mojado los pactos alcanzados, ya que permiten mediante el pago de un "impuesto liberatorio", a los ciudadanos alemanes y británicos mantener opaco al fisco de sus países las cuentas en bancos suizos.  
Ahora, las autoridades helvéticas aspiran a renegociar el acuerdo de doble imposición alcanzado con España que firmaron el pasado 27 de julio, y que posiblemente ni siquiera entre en vigor, al no haber sido remitido desde entonces al Parlamento como es preceptivo, y faltando un par de semanas para que se disuelvan las cámaras. Suiza, consciente de las necesidades de fondos de España, ya ha hecho saber al fisco español su interés en que Madrid acepte condiciones similares a las de Berlín y Londres. El hecho de que en poco más de dos meses haya elecciones impide la aceptación porque supone un desgaste político, pero casi con seguridad será aprobado por el nuevo gobierno que surja tras el 22-N. Suiza ya ha reconocido que negocia con Grecia el impuesto liberatorio.
El ministerio de Economía que encabeza Elena Salgado informó el pasado 27 de julio tras la firma en Madrid del protocolo que modifica el convenio para evitar la doble imposición en Renta y Patrimonio,vigente desde 1966 y reformado en 2006, que "con el nuevo marco institucional la Hacienda española podrá disponer de toda la información tributaria relevante para el control fiscal de los contribuyentes españoles con titularidades en Suiza, y supone un importante paso en la labor de prevención y lucha contra la elusión y el fraude fiscal internacional".
Sin embargo, como se ha dicho anteriormente, el protocolo no ha pasado por el Congreso, por lo que no ha entrado en vigor, y tampoco ha sido hecho público en Berna. Suiza aspira a que España lo modifique introduciendo la figura del impuesta liberatorio.
Tanto Alemania como Gran Bretaña han aceptado el pasado mes de agosto que las autoridades suizas impongan un impuesto individual de una sola vez a los patrimonios evadidos, que oscilará entre el 19% y 34% de las cantidades que no han pagado impuestos, dependiendo del tiempo y las cantidades. A partir de la entrada en vigor de estos pactos acordados el pasado mes de agosto, (2013 en el caso británico), las autoridades suizas se comprometen a retener fiscalmente los rendimientos de capital de las cuentas y productos financieros en manos de los ciudadanos de países que firmen el acuerdo, con el mismo interés que marquen las legislaciones fiscales de sus haciendas públicas.
La petición de información general sobre contribuyentes no será admitida y los protocolos para dar datos de contribuyentes son muy exigentes según los nuevos acuerdos, e incluso en el caso alemán se limita el número de peticiones a menos de 1.000 en dos años. Además, también en en el caso alemán, Berlín se compromete a no utilizar datos fiscales robados.
En un momento crítico de ingresos fiscales, este mantenimiento del secreto bancario ha sido duramente criticado en los países firmantes, e incluso el Financial Times ha editorializado en su contra. Las cantidades a recibir por Alemania y Gran Bretaña por el impuesto al perdón fiscal se estima en menos de 12.000 millones de euros en el mejor de los casos.
El nuevo Gobierno español que se forme tras las elecciones de noviembre se encuentra así con la primera patata caliente  y no resultaría extraño que se intente una amnistía fiscal de mayor calado con tal de conseguir fondos. Aceptar un acuerdo ignominioso como el que ofrece Suiza supone que una defraudación tan masiva como la de la familia Botín, con más de 70 años evadiendo impuestos por cantidades mil millonarias, jamás hubiera podido ser penalizada por la Hacienda española.
En cualquier caso, tampoco se aprecia una especial sensibilidad de los diputados en la persecución del delito fiscal cuando no han puesto reparos en que Emilio Botín siga al frente del Banco Santander con la connivencia del Banco de España.
Estados Unido sí parece que está atando más en corto a los bancos suizos, y ayer mismo se supo que la fiscalía ha dado un ultimatum a Credit Suisse y otros nueve bancos más pequeños para que le transmitan información sobre cuentas bancarias de defraudadores. Washington ya consiguió de UBS que le informase de más de 4.000 clientes bajo la amenaza de aplicar severas medidas penales contra el banco y sus dirigentes.

viernes, 2 de septiembre de 2011

Las inmobiliarias cotizadas mantienen el valor contable de sus activos a pesar de la caída oficial de los precios

Gonzalo Garteiz
La falta de credibilidad de las cuentas de las inmobiliarias y de los bancos aumenta día a día. Christine Lagarde se ha atrevido a reclamar desde su nuevo cargo de directora gerente del Fondo Monetario Internacional lo que no pidió siendo la todopoderosa ministra de Economía, Finanzas e Industria de Francia: la urgente necesidad de recapitalización de los bancos.

El omnipotente lobby financiero, que estaba noqueado hace tres años, se le ha echado al cuello rápidamente y ha encontrado apoyos tan extraños como el de Elena Salgado, la ministra española, que ha criticado el modelo de medición de riesgos seguido por el FMI para reclamar más capital a los bancos. Se supone que Salgado se muestra contraria a esta medida por el roto que una medida así supondría a las ya paupérrimas arcas del Estado, ya que es el dinero público el que tendría que indefectiblemente debería recapitalizar los nuevos bancos de las cajas, los que andan más cortos de capital.

Aunque el modelo del FMI trata fundamentalmente del riesgo de la deuda soberana en los balances bancarios, a nadie se le oculta que en el caso español se añade la toxicidad de los activos inmobiliarios. Al respecto, La Celosía ha indagado en los balances presentados esta semana por las inmobiliarias que cotizan en Bolsa, y el resultado es frustrante.
En el primer semestre del actual ejercicio, las grandes empresas del sector inmobiliario han considerado, con una única excepción, que sus activos no están deteriorados y valen lo que valían seis meses antes, y todo ello a pesar de que solamente en suelo la caída oficial, determinada por el Instituto Nacional de Estadística, del precio hasta marzo fue del 6,7% respecto a los tres últimos meses del año anterior, mientras que en lo que respecta a la vivienda, la depreciación sumaba el 4,5%.

Metrovacesa, la principal inmobiliaria del país, ahora en manos de la banca acreedora, solamente ha provisionado por deterioros 7,8 millones respecto a unos activos totales que superan los 8.000 millones, lo que supone reconocer una depreciación del 0,01%. Reyal Urbis, salvada de la quiebra también por los bancos, y especialmente por el Santander, ha depreciado su activo superior a los 4.000 millones en una cifra irrisoria de 78 millones, lo que supone un 2%. Sólo Martinsa ha reconocido cierta infección en sus activos de 4.600 millones, reconociendo un deterioro de 234 millones, un 5%.
Realia, la filial de FCC y CajaMadrid, ha reconocido una pérdida de 11,3 millones, cifra insignificante para sus 3.700 millones de activos, y además ha incrementado el valor de algunos activos, equilibrando el resultado. En los casos de entidades pequeñas como Nyesa y Renta Corporación, el desfase de valores en la contabilización ni siquiera llega al millón de euros.